La reacción de Chiquita a la campaña

“Es simplemente ridículo”. Es con estas palabras que Chiquita, antes United Fruit y United Brands, multinacional del mercado de las bananas, responde a la acusación que le han dirigido diversos observadores internacionales que la ven entre los mandantes del golpe del 28 de junio en Honduras.

Luciana Luciani, portavoz de Chiquita Italia, al ser contactada por PeaceReporter, contesta con tono duro a la Campaña Mundial “Boicot a Chiquita”. Sin titubeos afirma, “Mientras espero el comunicado oficial, no dudo en repetir las palabras ya expresadas sobre el tema por el jefe supremo de mi empresa: es una tesis ridícula, simplemente ridícula”.

Ojalá así fuera. Lamentablemente es trágico, es cualquier otra cosa, pero para nada ridículo. El “jefe supremo” no puede desmentir la crónica, ni los antecedentes penales históricos y recientes de la multinacional bananera, tanto en Honduras como en otros Países sudamericanos.

La Coordinación Latinoamericana de los Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha denunciado las infernales condiciones laborales que imperan en las instalaciones de Chiquita: jornada laboral de 12 horas, mujeres, hombres y niños trabajadores expuestos a los efectos sumamente nocivos del DBCP. Se trata de un “antiparasitario” cancerígeno prohibido que causa esterilidad y deformación en fetos. Éste es el Honduras que los golpistas y los agroexportadores quieren conservar a toda costa.

Chiquita se opuso radicalmente al aumento del salario mínimo decretado por el destituido Presidente Zelaya y fue la punta de lanza de la insubordinación abierta y manifiesta de la asociación de empresarios de Honduras (Coehp), de la que representa la parte más influyente.

El “jefe supremo” no puede tampoco desmentir una condena de la justicia de Estados Unidos que puso Chiquita bajo acusación por haber financiado los tristemente célebres paramilitares colombianos, con un gasto de 1.7 millones de dólares.

Un juez impuso una multa de 25 millones de dólares y reconoció las justas razones de los familiares de las decenas de campesinos asesinados por paramilitares encargados de “mantener el orden” en el latifundio bananero. El juez estableció que se trataba de terroristas.

Era finales de los noventa. No 1920, cuando Sam “The banana man” Zemurray podía decir impunemente “En Honduras una mula cuesta más cara que un diputado”.

Los tiempos están cambiando, los ciudadanos de Honduras tienen el derecho de ser gobernados por los que ellos eligen en las urnas.

Por eso, la sociedad civil internacional actuará contra el golpe militar-empresarial y golpeará con las armas de la razón y de la no violencia a todos los sostenedores políticos y económicos de los golpistas.

CIBCH